Chile enfrenta la mayor sequía desde principios de siglo y las proyecciones indican que serán más frecuentes y prolongadas. En este contexto, se encuentra en el Senado una moción que amplía el plazo de vigencia y posibilita la prórroga de los decretos que declaran zonas de escasez hídrica. Decretos que otorgan enormes atribuciones a la Dirección General de Aguas (DGA) que sólo se justifican de forma excepcional y que deberían estar cuidadosamente regulados, sin embargo, existe un vacío normativo y el mencionado proyecto de ley no lo resuelve.

La gestión de los recursos hídricos le corresponde a las Organizaciones de Usuarios de Aguas tales como, asociaciones de canalistas, comunidades de aguas superficiales, juntas de vigilancia y comunidades de aguas subterráneas. La ley les concede las facultades de extraer las aguas, repartirlas entre los titulares de derechos y realizar las obras necesarias para su aprovechamiento.

Ello es así tanto en situaciones normales como de sequía, pero con la excepción de las zonas bajo decreto de escasez hídrica.

Los decretos de zona de escasez hídrica en épocas de extraordinaria sequía permiten a DGA suprimir las atribuciones de las Juntas de Vigilancia y redistribuir las aguas en cauce natural, si no hay acuerdo de los usuarios en la forma de redistribuir las aguas; autorizar extracciones sin necesidad de constituir derechos de aprovechamientos de aguas; distribuir las aguas donde no se hayan constituido organizaciones de usuarios; aumentar las sanciones para las infracciones al Código de Aguas, entre otras. Estos decretos sólo deberían otorgarse de forma extraordinaria, y por períodos lo más breves posible, con sustentos técnicos que lo justifiquen. No se trata de dejar a la DGA sin un instrumento para enfrentar una crisis de escasez hídrica si es que la sequía se prolonga, sino más bien de buscar instrumentos más adecuados para una situación estructural de sequías más frecuentes y prolongadas.

La solución de largo plazo incluye una mayor eficiencia en el uso de agua y la acumulación del recurso a través de la construcción de embalses, recarga de acuíferos, etc. Estas acciones deberían promoverse antes que la utilización de decretos de escasez hídrica, los cuales tienden a desincentivar las inversiones necesarias para la adaptación al cambio climático. En ese sentido, los decretos de escasez hídrica no son la solución sino que son parte del problema. Si los usuarios saben que en caso de una ‘extraordinaria’ o ‘severa’ sequía la DGA los va a autorizar a extraer agua de un pozo -aunque no cuenten con un derecho de aprovechamiento-, no tendrán los incentivos para ahorrar y acumular agua para futuros períodos de escasez.

Por último, dichos decretos incluyen aspectos que pueden ser necesarios como, por ejemplo, ciertas ayudas extraordinarias a los agricultores. En este sentido, más que buscar la extensión del decreto, sería más acertado evaluar otros instrumentos para ver si es conveniente y cómo se podrían mantener estos beneficios en tiempos de sequía.

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