La reciente modificación del Código de Aguas, que busca transformar la institucionalidad hídrica en pos del bien común, priorizando el derecho humano al agua potable y al saneamiento, otorga a las empresas sanitarias –para cumplimiento de este efecto- la disposición gratuita de la prioridad del uso del agua.
No obstante, tan vital como el agua para la vida de las personas, lo es la producción de alimentos, para lo cual el agua es también un insumo fundamental.
De hecho, la industria agrícola concentra el 88% de toda la demanda de agua del país proveniente de fuentes superficiales y subterráneas, mientras que el agua potable sólo representa un 6%. Si a esto sumamos que cerca del 70% de la producción alimenticia generada en el país es de consumo interno, el agua de regadío se torna tan vital como lo es el agua potable para la subsistencia de la ciudadanía.
La situación de extrema sequía y la consiguiente baja en los caudales del río Maipo, implicó a comienzos de este año la necesidad de llegar a acuerdos sobre la redistribución del recurso en plena temporada de riego, oportunidad en la que los pequeños agricultores de la zona sur oriente de Santiago debieron ceder el 10% de sus derechos de aprovechamiento del recurso hídrico a las empresas sanitarias. Del momento en que se modifique la ley, el agua potable pasará a ser un recurso prioritario por encima de cualquier otro uso y esta situación pasará a perpetuarse de manera legal, dejando a otros titulares en desmedro de las sanitarias, las que aumentarán sus m3 de agua de forma gratuita, a costa de los pequeños regantes.
Si bien tiene todo sentido que la normativa busque garantizar la disponibilidad de agua de bebida para la población, esto debiese hacerse una vez que se hayan realizado todos los esfuerzos de gestión e inversión para que el reparto sea más justo, como por ejemplo mediante la construcción de pozos, procesos de infiltración de agua en el acuífero, implementación de tecnologías para la detección y prevención de fugas, entre otros. Cabe señalar que, según el último informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), las sanitarias tienen un promedio nacional de 33,8% de pérdidas físicas de agua debido a filtraciones de la red, entre otros, lo que es equivalente al volumen utilizado por los agricultores durante los seis meses de regadío.
Teniendo en cuenta este antecedente, y frente al beneficio de las sanitarias de disponer gratuitamente de la prioridad de uso sin la exigencia de traspasar el beneficio al usuario final por medio de la eliminación del cobro del valor del agua cruda (VAC), estas debiesen reforzar la forma de disposición del agua, ya sea a través del desarrollo en infraestructura para acumular agua en los acuíferos subterráneos de Santiago o mediante el compromiso de un manejo eficiente y sustentable del recurso.
Enfrentar la escasez de agua requiere del esfuerzo y mirada de largo plazo de todos quienes utilizan la cuenca, lo que implica también mejorar la eficiencia en el riego agrícola, mediante apoyo estatal y una buena gestión de demanda, como se ha realizado en las últimas décadas con la minería.
Se requiere voluntad de las autoridades, juntas de vigilancia y las empresas que tienen derechos sobre el agua, de trabajar en conjunto para que todos los usuarios del acuífero sean parte de la solución, con una mirada país que logre el beneficio de todos y de forma justa, garantizando dos recursos básicos para la existencia, como son el agua potable y producción de alimentos.
