Por su parte, el senador Jorge Pizarro manifestó que los dirigentes están en un error porque la comisión rechazó la propuesta que apuntaba a derogar los derechos de aprovechamiento.

Una fuerte arremetida comunicacional han iniciado las asociaciones de regantes y la Sociedad Agrícola del Norte
(SAN) pues consideran que la reforma constitucional en materia hídrica que se está tramitando en la Comisión
Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado, en la que participan los senadores Adriana Muñoz, Isabel Allende, Jorge Pizarro, Víctor Pérez y Francisco Chahuán, provocaría amplios perjuicios a la agricultura.

Según han dado a conocer a través de insertos en los medios de comunicación, la instancia “ha refundido nueve
proyectos de reforma constitucional referidos al agua y se han aprobado cambios referidos al dominio público del
agua y el acceso de aprovechamiento de aguas”.

La principal crítica, aluden, es que no se ha informado a las organizaciones de usuarios de la propuesta de proyecto y
los alcances e impactos que tendrá en los actuales propietarios de derechos de aprovechamiento. En este sentido, recalcan que uno de los cambios promovidos es la derogación del Artículo 19 numeral 24 inciso final. A juicio
de los afectados, si se deroga este artículo, se pierde la protección a la propiedad del derecho de aprovechamiento
de agua.

Las asociaciones de regantes y la Sociedad Agrícola del Norte, han iniciado una fuerte arremetida comunicacional, ya que consideran que la reforma constitucional provocaría perjuicios a la agricultura.

Pelayo Alonso, director de la SAN, explica que estas aprensiones se gatillan pues en esta iniciativa ha habido innumerables mociones (7 de las cuales tienen identificadas) en distintas fechas y de distintos actores políticos que han hecho sugerencias “y el 3 de mayo se presenta una síntesis con 5 modificaciones a la Constitución, cuatro de las cuáles no nos hacen ruido, Pero hay una quinta sugerencia que establece el derecho de propiedad respecto al uso de la concesión del agua y creemos que ese artículo no va en la dirección de los cambios que se requieren”.

A su juicio, esta modificación genera muchas incertezas aun cuando se les ha dicho que los derechos actuales se mantienen tal como están. Para Alonso, es impresentable este argumento pues “se establece que pasas a ser un mero usuario, pierdes la condición de propietario del derecho de aprovechamiento del agua, entonces, cómo pueden decir que queda igual”.

Una segunda interrogante que surge, indica el dirigente del agro, es cómo en el largo plazo van a poder sostenerse dos derechos, pero de categorías distintas, “porque habrá una categoría de usuarios antiguos y la categoría B de nuevas concesiones”.

Recalca que coinciden en el diagnóstico que hacen los senadores respecto de la problemática que existe en las zonas rurales para el acceso al agua para bebida, pero asegura que esto se resuelve poniendo mayor énfasis en la inversión en infraestructura y no derogando los derechos de agua. “Con esta acción no van a dejar de existir los camiones aljibe, hoy el Estado de Chile cuenta con las acciones de agua suficientes y las atribuciones para disponer del agua. ¿Va a cambiar esta situación porque deroguen la propiedad del derecho del uso del agua?. Lo que aquí hace falta es buscar infraestructura, porque alguien no ha hecho las inversiones suficientes para poder llegar con el agua a todos aquellos lugares donde se necesita”.

En esta línea, María Inés Figari, presidenta de la SAN, resaltó que siempre han estado de acuerdo y han promocionado que el agua tenga prioridad para el consumo humano, pero enfatizó que “no porque se cambie la ley se soluciona el conflicto del agua” y agregó que “el agua para consumo humano se ve restringida no por la falta del recurso, sino por la distancia y falta de infraestructura para llegar a poblaciones dispersas en los distintos sectores”.

La gran molestia del gremio, agrega la dirigente, es que en la discusión de una iniciativa tan importante y que afecta
directamente a los agricultores y regantes no fueran considerados para ir a entregar su opinión. Asegura que en reiteradas ocasiones han intentado comunicarse con la senadora Adriana Muñoz para ser recibidos, pero no han tenido una respuesta positiva.

“Eso a mí me duele, me apena porque no veo que haya una buena disposición de querer que todos participemos, nada más que eso, nosotros pedimos que se nos dé la oportunidad a nosotros de decir por qué no”.

Reacción de los Senadores

Respecto de esta situación, el senador Jorge Pizarro manifestó que lo que se plantea en esta propuesta es elevar a rango constitucional que el agua es un bien nacional de uso público y por lo tanto es propiedad de todos los chilenos.
El parlamentario menciona que se planteó también el que para entregar nuevos derechos de uso de agua o nuevas concesiones tiene que haber un proyecto que tiene que ser regulado por el Estado “y se le entrega para su uso a particulares, personas jurídicas, privados, dependiendo del uso que se les vaya a dar y además se establece un sistema de patentes, que es algo que ya está establecido en el actual código”.

“Pero estamos hablando, en este caso, de las aguas que están todavía sin entregar a nadie, que no son más del 12% o 14% de las existencias de agua y están todas radicadas en el sur”, recalca.

El senador Pizarro dice que donde las críticas de los regantes tienen un error garrafal es en que se rechazó la propuesta que eliminaba el inciso final del Artículo 19. “Eso se rechazó por doble empate y porque yo pedí que no se votara el artículo porque si se hacía yo también me iba a oponer, porque esta eliminación iba a generar una incerteza en todos los que hoy tienen los derechos de agua”.

El otro error en que caen, dice, es que pensaban que esto se iba a votar en la sala del Senado esta semana “y eso no es así, esa propuesta va a pasar a la comisión de Constitución, seguramente va a pasar a la comisión de Agricultura, de manera que creo que han confundido completamente los términos los señores regantes y lo lamento mucho”.

Respecto de las críticas que apuntan a que no han sido escuchadas sus aprensiones señala que “eso es falso, en la comisión se escuchó a todos los que quisieron hablar, tuvimos una cantidad enorme de reuniones y de intervenciones de muy nivel y los agricultores del país fueron escuchados”.

Respecto a si por el momento no existe la intención de derogar los derechos de agua, el senador indicó que “el derecho de propiedad está establecido en el inciso final del artículo 19, eso no se ha eliminado, por supuesto que hay mucha gente que cree que hay que eliminarlo y regularlo de otra manera, pero ese es parte del debate que debemos tener. Yo por lo menos no estuve de acuerdo en plantearlo así en la comisión”.

EL Día intentó tomar contacto con la senadora Adriana Muñoz. Sin embargo, al cierre de esta edición no fue posible obtener sus declaraciones.

No obstante, en una nota de prensa publicada en el sitio web del Senado con fecha 11 de mayo de este año, la senadora manifestó que los derechos de agua que se han entregado hasta ahora en forma de propiedad privada, se mantienen en esa condición. “Esto es muy importante porque se entrega un sello de que el agua pasa de ser prioridad para funciones productivas a ser una condición de acceso a un derecho humano”.

El proyecto de ley

Cabe destacar que paralelamente el Ejecutivo también está impulsando otra normativa que es la Reforma al Código de Aguas que se analiza en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, la que, según dicen los agricultores y regantes, sí ha sido consensuada con ellos. De hecho, en declaraciones a El Día, el propio ministro de Agricultura, Carlos Furche, recalcó que la iniciativa de reforma constitucional no está siendo respaldada por el Gobierno pues “no ayuda a cumplir los objetivos que el gobierno se ha trazado en materia de recursos hídricos”.

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